A más de cinco años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro dio inicio este martes 14 de abril a un nuevo juicio oral en la localidad de San Isidro, Argentina, contra siete profesionales de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del futbolista y entrenador argentino Diego Maradona. 

Tras un fuerte operativo de seguridad y la anulación de un proceso previo, el Tribunal Oral en lo Criminal busca determinar responsabilidades con penas que oscilan entre ocho y 25 años de prisión para el equipo médico a cargo de su internación domiciliaria.

El proceso judicial comienza desde cero, debido a que el debate anterior fue declarado nulo tras confirmarse la participación de la entonces jueza Julieta Makintach en un documental sobre el caso, lo que invalidó todo lo actuado previamente, incluyendo testimonios y pruebas.

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Los acusados en esta etapa son el neurocirujano y médico de cabecera Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el clínico Pedro Di Spagna y el enfermero Ricardo Almirón. Cabe señalar que la enfermera Gisela Madrid será juzgada en un proceso independiente mediante un jurado popular.

Para los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, el exjugador fue víctima de un desamparo sanitario prolongado y evitable. En contraparte, las representaciones legales de los acusados sostienen que el tratamiento fue consensuado, que el cuadro clínico del paciente era de extrema complejidad y rechazan la tipificación del delito.

Sin embargo, el documento, representado por abogados de los hijos de Maradona como Fernando Burlando y Mario Baudry, enfatiza la negligencia, afirmando que «con un simple diurético Diego hoy estaría vivo» y que el entorno médico actuó con dolo al ignorar la delicada salud del ídolo. Burlando aseguró que las acciones del equipo médico fueron temerarias y que el paciente fue sometido a un «entorno diabólico».

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El letrado denunció que Maradona presentaba un cuadro evidente de retención de líquidos y que en su residencia temporal en el barrio San Andrés de Tigre «no había aparatología médica, ni siquiera una curita». Según el abogado, el funcionamiento cardíaco del deportista no recibió ningún tipo de monitoreo entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020.

El cronograma establecido por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón indica que las primeras en brindar testimonio serán sus hijas, Dalma, Gianinna y Jana Maradona, junto a Verónica Ojeda. Posteriormente, intervendrán los peritos médicos y forenses, cuyos informes técnicos resultan vitales para evaluar el nivel de la atención médica brindada.

Con 127 testigos citados para las próximas audiencias, el juicio avanza mientras el pueblo argentino sigue el proceso con la exigencia de justicia frente a lo que muchos consideran un asesinato por omisión.

Se estima que el juicio se extienda por varios meses, con audiencias pautadas dos veces por semana y una lista inicial de 90 testigos. El núcleo de la investigación judicial buscará establecer de manera definitiva si la internación domiciliaria cumplía con los estándares mínimos legales y sanitarios, o si las omisiones determinaron el deceso del jugador, buscando así una resolución judicial para uno de los casos de mayor atención pública en Argentina.

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